En marzo, nadie podía imaginar el impacto devastador que tendría la pandemia de coronavirus en la economía en general. Se presuponía, sí, que el confinamiento obligatorio provocaría un freno en las actividades que obligarían a los estados a hacerle frente, con los recursos de todos, a los efectos dañinos del parate, de la falta de producción y de consumo, que resentirían la vida de todos.

Por supuesto, a algunos les pegó de una manera mucho más dura que a otros, como ocurre siempre y que, en el caso de las provincias argentinas, por caso, las más eficientes en el manejo de los recursos, tanto en el gasto como en la recaudación y en la inversión de los mismos, o con una influencia y dependencia, si se quiere, mayor en sus economías del sector privado sobre el aporte del público, la incidencia negativa resultó ser mucho más fuerte y perniciosa. Y en estados como Mendoza, por ejemplo, todos los sectores se vieron altamente perjudicados. Quizás el del turismo, en una provincia eminentemente turística, donde el sector se convirtió en el más dinamizador de su economía desde que se deprimiera la industria vitivinícola a la par de la hidrocarburífera, resultó ser a todas luces de los más afectados, sino el que más.

En Mendoza hace ruido la discusión parlamentaria que se está dando a nivel nacional sobre la ayuda oficial al sector turístico para la pandemia y la pospandemia. En verdad, la repercusión está en todos lados, pero los empresarios del sector en general rechazan un proyecto que, entienden, tendrá sus efectos desde el arranque del 2021 en adelante y sin ventajas impositivas, que es lo que con más énfasis están requiriendo. El debate más virulento se está dando en Diputados, tanto es así que los legisladores de Juntos por el Cambio de Mendoza se las han tomado con el diputado José Luis Ramón, de Protectora, y líder de un bloque federal de ocho legisladores de diferentes provincias, a quien acusan de jugar y de votar con el oficialismo kirchnerista siempre, particularmente en el caso de la asistencia al turismo.

Desde el kirchnerismo, sin embargo, se indica que el proyecto que tiene el aval con más fuerza del Gobierno nacional es el que viene por el lado del Senado. Extraño, cuando en Diputados el que está avanzando, sin el apoyo de la oposición de Juntos por el Cambio, entre ellos, los diputados mendocinos, ha sido promocionado por el ministro Matías Lammens. Como fuese, un juego de dos vías o de doble pinza, es el que se observa en el tema del turismo, demorándose la asistencia en el caso de que exista en verdad una decisión política oficial de salir en su salvataje. Esa es la queja de los operadores del sector, al menos en Mendoza, conformados por gastronómicos, hoteleros, agencias, guías, transportistas y demás.

“El dictamen del Frente de Todos tuvo 17 votos; el nuestro, 14. Es el proyecto que está impulsando el Gobierno pero no es instrumental. Es una manifestación de deseos que ni siquiera declara la emergencia. Por ejemplo, nuestro proyecto contenía exenciones impositivas para este año. Según el proyecto del Gobierno, los prestadores turísticos deben pagar en el 2020 el anticipo de Ganancias, una locura”, dijo uno de los legisladores mendocinos que más activo ha estado en la defensa de la iniciativa opositora.

Los empresarios, por su lado, han apoyado el dictamen que resultó perdedor y ahora esperan que el proyecto que viene por el lado del Senado resulte más beneficioso que el de Diputados. Junto con la oposición se inclinan por un programa que declare efectivamente la emergencia desde el 19 de marzo, cuando comenzó el confinamiento para combatir la pandemia. Una emergencia que significa la extensión de ese estado al ámbito laboral, tributario y financiero del sector; el reconocimiento de un pago de 50 por ciento del salario neto a los trabajadores registrados por un año como mínimo y, para el caso de que algún empresario no tomase ese tipo de asistencia para el pago de los salarios, la posibilidad de utilizar los montos como un bono o crédito fiscal. El proyecto tenía previsto, también, créditos a tasa cero a pagar en 48 cuotas y la excepción del pago de Ganancias por el 2020.

También se proponían incentivos para la actividad turística y hacerlos efectivos a la salida de las restricciones, como una deducción del Impuesto a las Ganancias de hasta 40 por ciento de los gastos invertidos en viajes, hoteles y esparcimiento en general para todas las zonas turísticas del país. La idea era buscar “la recreación del turismo nacional”, afirman los defensores de la iniciativa que parece haber quedado trunca por decisión de los legisladores oficialistas acompañados por sus socios. El plan se completaba con subsidios para los guías de turismo independientes y un fondo especial para infraestructura turística que los operadores tomarían bajo la figura de créditos y préstamos.

Días atrás y para el diario Página/12, el presidente de la Cámara de Turismo del país, Aldo Elías, describió el impacto que provocó la pandemia y la cuarentena en la actividad. Estimó que podrían perder el empleo alrededor de 200.000 personas de un total de casi 1 millón que la actividad tiene registrada en el país. “No hay precedentes de una crisis como esta”, dijo. Y agregó que ninguna de las 5 mil agencias distribuidas en toda la Argentina se salvó del golpe, como tampoco los 17.000 hoteles. “Somos el cuarto complejo exportador y una industria importante para las economías regionales”, destacó.

Fuente: El Sol – Por Marcelo Torres
14/08/2020

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